El gobierno de Javier Milei emprendió una reforma en la Ley Nacional de Turismo que desvincula al Estado de la gestión del turismo social. Este cambio, notificado a través del Decreto 2016/2025, busca que áreas no esenciales dejen de ser gestionadas por el gobierno, promoviendo en su lugar la inversión privada y la gestión local. La medida, firmada por Milei y su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, implica que la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, ya no tendrá la responsabilidad de elaborar planes de inversión ni de fijar tarifas en servicios turísticos sociales.

Reformas en las políticas de turismo social

La nueva normativa elimina varios deberes de la Secretaría de Turismo. Entre ellos, la elaboración de planes de inversión, fijación de tarifas y fiscalización de emprendimientos subvencionados. El Ejecutivo justificó esta medida argumentando que la naturaleza cambiante del mercado turístico requiere una gestión más ágil, lo que se lograría mediante una mayor participación privada y descentralización.

Impacto en las unidades turísticas y trabajadores

Con estos cambios, las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal dejarán de depender de la Secretaría de Turismo y pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desde marzo. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió sobre posibles despidos masivos, con una lista preliminar de afectados ya en circulación. Según Leonardo Ladoux de ATE Calamuchita, el plan del gobierno incluye no renovar contratos y acelerar jubilaciones.