Hoteleros de San Martín de los Andes han manifestado su profunda inquietud por la persistente falta de aplicación de sanciones a los alojamientos informales en la localidad. A pesar de que el Municipio dispone de una ordenanza regulatoria, mecanismos de control y herramientas de inteligencia artificial para identificar estas operaciones, la inacción en materia sancionatoria crea un escenario de competencia desleal que erosiona la base económica del sector formal.

Impacto en la Competitividad y Rentabilidad

La proliferación de alojamientos informales representa uno de los desafíos más complejos para la industria turística global. Este fenómeno, impulsado por plataformas digitales y la búsqueda de ingresos adicionales por parte de particulares, genera una oferta no regulada que opera al margen de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad que sí cumplen los establecimientos formales. La situación en San Martín de los Andes es un claro ejemplo de cómo esta brecha regulatoria puede desestabilizar un mercado turístico maduro.

Para los empresarios hoteleros, la competencia informal se traduce directamente en una presión a la baja sobre métricas críticas como el RevPAR (Revenue per Available Room) y el ADR (Average Daily Rate). Los alojamientos no registrados, al no incurrir en costos asociados a impuestos, seguros, habilitaciones y personal en blanco, pueden ofrecer tarifas significativamente menores, capturando así una porción del mercado que de otro modo se destinaría a la oferta formal. Esto no solo reduce la rentabilidad operativa, sino que también desincentiva futuras inversiones en infraestructura y mejora de servicios.

Más allá de la rentabilidad individual, la informalidad acarrea consecuencias macroeconómicas. La evasión fiscal por parte de estos operadores ilegales significa una pérdida considerable de recursos para las arcas municipales y provinciales, fondos que podrían ser reinvertidos en infraestructura turística, promoción del destino o servicios públicos. Adicionalmente, la falta de controles de calidad y seguridad en alojamientos no habilitados puede afectar la percepción general del destino, poniendo en riesgo su reputación a largo plazo.

El Rol de la Regulación y la Tecnología

El caso de San Martín de los Andes es particularmente relevante porque, según la denuncia de los hoteleros, el Municipio ya cuenta con una ordenanza específica para regular el sector y utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para la detección de estas ofertas. La IA, en este contexto, es una tecnología que permite identificar patrones, cruzar datos de plataformas online y geolocalizar propiedades, facilitando enormemente la tarea de fiscalización. Sin embargo, la efectividad de estas herramientas se ve mermada si la fase de detección no se complementa con una aplicación rigurosa de las sanciones previstas en la normativa.

La brecha entre la detección y la sanción efectiva plantea interrogantes sobre la voluntad política y los recursos destinados a la fiscalización. Una normativa, por sí sola, no garantiza la equidad del mercado si no se aplica con firmeza. La falta de sanciones envía un mensaje equívoco a los operadores informales, incentivando la continuidad de sus actividades y desmotivando a aquellos que cumplen con todas las exigencias legales. Esto afecta la ‘conectividad’ regulatoria, es decir, la coherencia entre la legislación, la tecnología y la acción administrativa.

A largo plazo, la tolerancia hacia la informalidad puede disuadir la inversión en el sector hotelero formal. Los inversores buscan destinos con un marco regulatorio claro y una aplicación consistente de la ley, donde el ROI (Retorno de la Inversión) no esté comprometido por una competencia desleal. La incertidumbre regulatoria y la falta de garantías sobre la equidad de las reglas de juego pueden llevar a que el capital se dirija a otros mercados con mayor seguridad jurídica.