En un reciente desarrollo que ha captado la atención del sector turístico en México, el Congreso de Campeche ha levantado la voz en protesta contra lo que perciben como una distorsión del mercado. La preocupación se centra en la operación de un hotel por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la región de Calakmul, el cual, según los legisladores locales, está generando una competencia desleal para los prestadores de servicios turísticos privados.

La crítica principal radica en la supuesta ‘exclusión digital’ que sufren los operadores locales. En un ecosistema turístico cada vez más dependiente de las plataformas en línea y la visibilidad digital para la captación de clientes, la entrada de un actor con el respaldo de una entidad estatal puede alterar significativamente la distribución de la demanda y el acceso a los mercados.

Impacto en la distribución y ROI del sector privado

La presencia de un operador turístico estatal, especialmente uno con la capacidad logística y de recursos de una entidad como la Sedena, puede impactar directamente el Retorno de la Inversión (ROI) de las empresas privadas. Estas últimas, que operan bajo estructuras de costos y márgenes de ganancia diferentes, dependen de un flujo constante de reservas y una estrategia de precios competitiva para su sostenibilidad.

La competencia desleal no solo se manifiesta en la capacidad de ofrecer tarifas potencialmente subsidiadas o en el acceso privilegiado a canales de promoción, sino también en la dificultad para los pequeños y medianos empresarios de competir en igualdad de condiciones en el ámbito digital. La falta de visibilidad en plataformas clave o la incapacidad de igualar ofertas de paquetes integrales respaldados por el Estado, pueden conducir a una disminución en el RevPAR (Revenue Per Available Room) para los hoteles y alojamientos privados.

La importancia de la regulación y el fomento equitativo

La solicitud del Congreso de Campeche a la Secretaría de Turismo (Sectur) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) subraya la necesidad de establecer marcos regulatorios claros que aseguren un terreno de juego equitativo para todos los participantes del mercado. El fomento al turismo debe buscar potenciar el desarrollo del sector en su conjunto, incentivando la inversión privada y protegiendo a los operadores locales.

La intervención estatal en el sector turístico, si bien puede justificarse en áreas de infraestructura o en el desarrollo de polos turísticos estratégicos, debe ser cuidadosamente balanceada para evitar distorsiones. Cuando el Estado se convierte en un competidor directo del sector privado, se corre el riesgo de desincentivar la inversión y la innovación, elementos cruciales para la resiliencia y el crecimiento sostenible de cualquier destino.

Análisis de mercado: Consideraciones para destinos estratégicos

Para destinos con un fuerte componente de inversión privada y un ecosistema turístico consolidado, como Misiones, la observación de casos como el de Campeche subraya la importancia de mantener un marco regulatorio que asegure la equidad competitiva. La ‘exclusión digital’ y la ‘competencia desleal’ pueden erosionar la confianza del inversor y la sostenibilidad de las Pymes turísticas.

Es crucial que las políticas de fomento al turismo prioricen un terreno de juego nivelado, donde la inversión pública complemente, en lugar de competir, con el sector privado. Esto garantiza un RevPAR saludable y un Retorno de Inversión (ROI) atractivo para todos los actores del mercado, fomentando la inversión continua, la creación de empleo y el desarrollo integral del destino. La transparencia en la operación y la promoción de todos los servicios turísticos son pilares fundamentales para un crecimiento equitativo y sostenible.