La Dirección Nacional de Migraciones decidió eximir a las empresas de transporte internacional de verificar la documentación de menores que viajan al exterior. La medida, que busca reducir la burocracia, ha generado críticas entre la oposición y especialistas en seguridad infantil. Sin embargo, el Gobierno asegura que los controles seguirán bajo la responsabilidad del personal de Migraciones en los puntos fronterizos.

Detalles de la nueva disposición

La disposición 166/2025, publicada el 30 de enero en el Boletín Oficial, reemplaza la normativa anterior que obligaba a las empresas de transporte internacional a verificar la identidad y los permisos de viaje de menores. Además, las compañías debían controlar la documentación de residencia de extranjeros. Con la nueva regulación, este proceso burocrático se suprime para las empresas, pero la responsabilidad de control recaerá ahora en los funcionarios de Migraciones.

Reacciones y críticas

La medida ha sido criticada por sectores de la oposición, quienes argumentan que podría incrementar los riesgos de delitos como la trata de personas. La diputada Mónica Frade expresó su preocupación en redes sociales, acusando al Gobierno de facilitar la salida de menores del país sin los debidos controles. Por su parte, la abogada Deborah Huczek defiende la disposición, señalando que los controles esenciales permanecen y que la responsabilidad se centra ahora en el Estado, eliminando el «doble check» que complicaba a las empresas.

Impacto en el sector y opinión de expertos

Desde el Ejecutivo, se justifica la medida como una mejora en la eficiencia de los procesos migratorios. Se busca agilizar el acceso de pasajeros a las terminales de embarque, según argumentan las autoridades. La abogada Huczek considera que la disposición no afecta derechos constitucionales y destaca la importancia de que el control fronterizo recaiga en el Gobierno en lugar de delegarse a empresas privadas, que enfrentaban sanciones en caso de incumplimiento.

“Es una disposición que no tiene jerarquía de ley ni de decreto, por lo que si alguien se siente afectado por la medida administrativa, puede interponer un recurso de inconstitucionalidad”, señaló Huczek.